Las Ocho Sentencias Del Tribunal Supremo Sobre Responsabilidad Penal De La Persona Jurídica

El pasado 23 de febrero del presente año el Alto Tribunal dictó su octava sentencia (STS 121/2017) en materia de responsabilidad procesal penal que, desde 2010, afecta a la persona jurídica en virtud de la reforma operada por la LO 5/2010.

Si bien la meritada sentencia no aporta mucha luz al asunto, dado que la misma se limita a declarar la imposibilidad de que la persona jurídica sea acusada por un delito contra los derechos de los trabajadores, esta, junto a las otras siete dictadas por el Tribunal Supremo en esta materia, nos sitúa de plano en el controvertido tema de la responsabilidad penal de los entes colectivos.

Tanto es así que, con el objetivo de presentar este tan novedoso como complejo tema, procederemos a valorar el impacto de las ocho sentencias hechas públicas por el TS.

En la primera de ellas, de fecha 2 de septiembre de 2015 (STS 514/2015), el Alto Tribunal absuelve tanto a la persona jurídica acusada como a su administrador único, persona física a la que se imputó la conducta delictiva.

Con carácter previo, estos acusados habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid por la comisión de un delito de estafa, no obstante, el TS revoca la sentencia dictada por la citada Audiencia aduciendo una falta de pruebas sobre la tipificación como delito de estafa de la conducta del administrador, efecto que extiende a la persona jurídica ex art. 903 LECrim.

La segunda de las sentencias, STS 154/2016, de 29 de febrero, ha resultado ser la más esclarecedora al nuevo estatuto de la persona jurídica en el proceso penal, suponiendo un avance en este ámbito, ya que estima, por primera vez, la responsabilidad penal de los entes colectivos.

El delito en torno al que gira la sentencia se trata de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.

Tres son las empresas condenadas en la presente, empero, solo una de ellas llevaba a cabo una verdadera actividad lícita más allá que la finalidad de su utilización para la comisión del meritado delito. A las restantes, sin embargo, el TS les otorga la condición de sociedad meramente instrumental o “pantalla”, considerándolas, por este motivo, al margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis CP.

Centrándonos en esta única empresa que operaba con normalidad en el tráfico jurídico mercantil, la misma estaba dirigida y gestionada en la práctica directamente por los autores del ilícito que da lugar a su responsabilidad penal.

Así pues, las circunstancias concurrentes en que el Tribunal fundamenta su decisión de condenarla, sentando de ese modo los presupuestos para tales situaciones, son las siguientes:

  1. La previa constatación de la comisión de un delito por parte de persona físicaintegrante de la organización, como presupuesto inicial y;
  2. La inexistencia de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en la medida de lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Así, el Tribunal, mediante la citada resolución, pretende resaltar y concienciar a las empresas sobre la importancia de implantar un Programa de Compliance en el seno de todo ente con personalidad jurídica, como se desprende de su literalidad, pues la misma cita:

Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis.1 parr. 1º CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a) y 2 CP, tras la reforma operada por la LO 1/2015 [RCL 2015, 439, 868] ), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica.”

Es importante resaltar que esta sentencia del Pleno tuvo un voto particular firmado por siete de los quince magistrados, mediante el cual expresaron aquellos su discrepancia con la opinión de la mayoría, al considerar que la ausencia de una cultura de respeto al derechoera un concepto demasiado general carente de la certeza que exige el derecho penal, amén de no estar contemplado en el art. 31 bis como elemento del tipo.

Otra importante resolución a este respecto viene a ser la tercera sentencia dictada en la materia, tan solo 16 días después de la anterior, (STS 221/2016, de 16 de marzo), por la que se anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, absolviendo a la entidad implicada de un delito de estafa cometido por su representante legal.

El interés de esta resolución reside en el motivo que da la Sala para absolver a la sociedad, cual es la necesidad de probar la concurrencia de defectos e incumplimientos graves en los deberes de supervisión que corresponden a la entidad. Es decir, el Tribunal entiende que, una vez acreditado el delito cometido por persona física, no puede adjudicarse automáticamente una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. La doctrina de la Sala, ahora sin discrepantes, establece taxativamente que la carga de la prueba corresponde a la acusación, y que el núcleo de la conducta delictiva es el incumplimiento grave por parte de la empresa de sus deberes de supervisión.

Las sentencias cuarta y quinta (STS 516/2016, de 13 de junio y STS 742/2016, de 6 de octubre, respectivamente) merecen ser mencionadas de forma conjunta pues no requieren un análisis pormenorizado.

En cuanto a la primera, el Tribunal concluye no atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica, por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente cometido por la persona encargada de la dirección de la sociedad, dado que al tiempo en que suceden los hechos no había sido adicionada al Código Penal la redacción del art. 31 bis CP.

La segunda, por su parte, carece de especial trascendencia en la materia toda vez que no se pronuncia sobre la cuestión ahora analizada, esto es, la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que centra su redacción en una ardua cuestión procesal, para finalizar retornando el procedimiento a la situación previa al Auto de Apertura del Juicio Oral.

Un mes más tarde se hace pública la sexta sentencia del Tribunal Supremo en lo que al art. 31 bis se refiere (STS 827/2016, de 3 de noviembre de 2016). En esta, la sociedad implicada es condenada por un delito de estafa perpetrado por su administrador, no así por el delito de falsedad documental también atribuido a la persona física.

Ello se debe a que los delitos de los que deriva responsabilidad penal para la persona jurídica provienen de un listado numerus clausus, no incluyendo el mismo ilícitos tales como la falsedad documental o contra los derechos de los trabajadores, referido este último en la octava sentencia.

Finalmente, la séptima sentenciaSTS 31/2017, de 26 de enero, no condena a la persona jurídica como autora del delito societario en que incurre su administrador único, sin dar más detalle al respecto.

Lo que sí resulta de interés en la misma es la cuestión relativa a las precauciones que han de adoptarse cuando se trata de designar al representante de la persona jurídica en las causas en las que aparezca como investigada, imputada o acusada del delito. Para ello, manifiesta la sentencia que se ha de garantizar en todo momento un adecuado ejercicio del derecho de defensa, evitando los conflictos de intereses con las personas físicas a las que se imputan hechos delictivos en las mismas causas.

Pues bien, el corto periodo de tiempo que transcurre entre las referidas resoluciones del TS, a pesar de la “juventud” de la materia, es premisa indicativa del recorrido de tal calado que proyecta esta novedad que es la responsabilidad penal de las empresas.

Como quiera que el Alto Tribunal coincide en la mayoría de sus sentencias en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, se pretende con ello alertar a las empresas de la extrema conveniencia de implantar un Programa de Compliance en su seno.

En definitiva, nos encontramos ante una materia vital, que requiere de las personas jurídicas que hayan cometido un delito que acrediten la existencia de los meritados mecanismos de control. De lo contrario, la consecuencia lógica, advertida del tenor de las citadas resoluciones, poniendo un énfasis especial en este sentido la segunda de las sentencias del Tribunal Supremo, será la subsistencia de su responsabilidad penal, con los efectos que ello conlleva (no solo la pena correspondiente al delito cometido, sino también daños reputacionales etc.)

Ana Ramos Pérez. Abogada. 

EJASO ETL GLOBAL Madrid.

By | 2017-07-23T08:39:55+00:00 julio 23rd, 2017|Financial, Sentencias|0 Comments