LOS JUECES COMIENZAN A DELIMITAR EL ESTADO DE ALARMA; “EL ESTADO DE ALARMA NO AMPARA SUSPENSIÓN DE NINGÚN DERECHO”.

La SENTENCIA Nº 151/2020 de la Sección nº1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha protegido el derecho de REUNIÓN. Y ofrece claves para el resto de derechos suspendidos.

El procedimiento fue iniciado por el sindicato “Intersindical de Aragón” quien interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Aragón que acordó prohibir una manifestación que quiso celebrar el sindicato el día 1 de mayo, día del trabajador. Esta Sentencia aclara que la suspensión de derechos sólo cabe en el Estado de Excepción, y no en el de Alarma, el cual puede “limitar” ciertos derechos, pero no “suspenderlos”,y en ningún caso puede suspender ni limitar el Derecho de Reunión o Manifestación.

Señala la referida Sentencia, de 30 de abril de 2020, que;

es posible ofrecer una interpretación del Real Decreto en su conjunto –más que del artículo 7 del mismo- ajustada a la Constitución, al descartarse en el mismo, afectación –menos suspensión- del derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello con independencia de la más o menos cuestionable constitucionalidad del meritado artículo 7 por razón de la intensidad de la afectación que, a la luz del artículo 11 a) de la L. O. 4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, impone de facto a la libre circulación de los ciudadanos, intensidad de la que, dicho sea de paso, es muestra el uso, ya asumido cotidianamente con naturalidad, de términos como “confinamiento” o “encierro”, que evocan más abolición o suspensión, que limitación de ejercicio, actitud ésta – limitación- más propia de un estado de alarma que aquélla – confinamiento-. Sea como fuere, como decíamos, no es ésta la cuestión ahora y nada más cabe decir ya al respecto.

Y no es cuestión esa en la que deba profundizarse ahora porque, con independencia de la intensidad de la limitación a la libertad deambulatoria que establece el artículo 7 del Real Decreto, es lo cierto que el estado de alarma no ampara suspensión de ningún derecho, pero menos limitación ninguna del derecho de reunión y libre manifestación. Bastará para ello con examinar, sin que sea precisa demasiada minucia, el contenido del artículo 11 de la LOEAES. Sólo es posible la suspensión de derechos en caso de estado de excepción y dentro del mismo cabe, perfectamente, la suspensión de la libre deambulación de las personas, y, a la par, la no suspensión, ni siquiera afectación, del derecho de reunión y/o manifestación. Bastará para ello con un breve examen de los artículos 20 y 22, respectivamente, de la citada Ley Orgánica. 

Si en situación de estado de excepción, es perfectamente posible suspender la libre circulación y mantener el derecho de manifestación, porque la disyuntiva a tal planteamiento supondría dejar vacío de contenido el artículo 22, difícil será concluir, en abstracto que en situación de estado de alarma cabe alguna limitación, por leve que sea, del derecho de reunión, cuando ocurre que el artículo 11 en ningún momento lo contempla”

Debemos también resaltar que la referida sentencia contiene un voto particular del ILMO. SEÑOR  MAGISTRADO D. JAVIER ALBAR GARCÍA, que establece unos argumentos, ciertamente acertados, y de importante interés para todos los juristas,  en relación a la necesidad de haber planteado cuestión de inconstitucionalidad la inconstitucionalidad del art. 7 del RD mencionado. Y así, el Magistrado señala;

“Entiendo que debería haberse estimado la medida cautelar con un contenido similar al del fallo de la sentencia y plantear la cuestión al TC de conformidad con el art. 35 LOTC, (…)

2) Estamos ante un asunto de relevancia constitucional en cuanto se encuentra en juego la posibilidad de que, por medio de un Real Decreto de declaración del estado de alarma, se proceda a suspender diversos derechos fundamentales,. (…)

“5) Los estados de alarma, excepción y sitio se regulan en el art. 116 CE, si bien no se definen, sino que se diferencian gradualmente por las exigencias para su aprobación, el de alarma lo aprueba el Gobierno por real decreto, dando cuenta al Congreso, que en su caso debe acordar la prórroga; el de excepción, que lo declara el Gobierno por real decreto, previa autorización del Congreso; y el de sitio, que lo declara el Congreso, a propuesta del Gobierno, por mayoría absoluta.

Así mismo, en cuanto a la duración, el de alarma es de quince días prorrogables, el de excepción son 30 días prorrogables por otro plazo igual, máximo de sesenta días, y el de sitio puede ser de una duración mayor, que se determina por el Congreso al aprobarlo. (…) La STC 83/2016, respecto del estado de alarma declarado en relación con los controladores aéreos fue paladina y contundente “A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental ( art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio”.

Si se prohíbe, en términos generales, circular, art. 7.1 del RD 463/2020, se está ya rebasando, sólo por ese motivo, el contenido posible del estado de alarma, pues no se prevé una suspensión en términos generales de tal derecho. En efecto, no es que se haya, como dice el art. 11.a de la LO 4/1981 restringido “la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionar las al cumplimiento de ciertos requisitos”, sino que se ha prohibido la circulación en todo el territorio nacional y a todos los ciudadanos, y aun cuando se hayan establecido importantes excepciones, tal inversión de lo permitido – circular con restricción o condicionamiento en algunos puntos o lugares por prohibición general salvo en algunos supuestos- no se ajusta en absoluto a la CE ni a la LO 4/1981, que forma parte del bloque constitucional. A ello se añade, en relación con el que ahora nos interesa, el derecho de reunión, que es imposible su ejercicio sin ejercer el derecho de circulación, como se ha ido razonando, yendo natural e inevitablemente unidos.

(…) Tampoco puede salvarse considerando que no se impide la reunión telemática. En primer lugar, porque el derecho de reunión y manifestación es de carácter personal, físico, como se desprende del art. 1 de la LO 9/1983, que dice “se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada” y de las propias referencias del art. 2. El de manifestación, por otro lado, requiere ocupación física de un espacio público, art. 8.

Por otro lado, no puede depender de la posesión y capacidad de manejo de medios telemáticos, que además dependen de empresas o entidades para su funcionamiento.

Por tanto, ni en la CE ni en la LO 4/1981 encontramos soporte jurídico para tal suspensión de derechos.

(…) Por tanto, la remisión del 12.1 LO 4/1981 se referirá a medidas que las leyes contra las enfermedades contagiosas puedan prever (impedir acceso a ciertos lugares, obligatoriedad de pasar controles sanitarios, de vacunaciones, etc), pero no a aquellas que, habiendo, en su caso, debido estar en la LO 4/1981, por precisar suspensión de derechos fundamentales, no lo están. Y volvemos a reiterar que las suspensivas de derechos fundamentales no lo están porque no lo permite el art. 55 CE. (…)

Hay un principio general que dice que las restricciones de derechos deben ser interpretadas restrictivamente, y en este caso la interpretación restrictiva nos dice que las medidas que caben al amparo de esta ley orgánica 3/1986 son las relativas a personas físicas enfermas o que hayan estado en contacto o puedan haberlo estado, bien con ellas bien con su medio ambiente inmediato, por ejemplo en los mismos lugares aunque no hayan coincidido al mismo tiempo. Esto es lo que justificó el confinamiento específico de los primeros ciudadanos que estuvieron confinados en Canarias, por auto judicial, o de los ciudadanos que venían de la zona de Wuhan, epicentro de la pandemia, y fueron repatriados.

Recordemos que el art. 8.6 segundo LJCA exige la autorización judicial que impliquen restricción de la libertad individual o de cualquier otro derecho individual.

Y en este caso, se ha suspendido totalmente, salvo concretas excepciones, la libertad individual en su vertiente del derecho de circulación y, derivadamente, del de reunión.

 (…) por tanto, es claro que su extensión a todos y cada uno de los habitantes de España con base en la posibilidad de que puedan en algún momento contagiarse – pese a que hay poblaciones libres de virus y sujetos inmunes a él- no puede ampararse en esta norma, pues exigiría una ratificación judicial, cosa que no ocurre con el estado de excepción.

(…) Por tanto, esta norma en absoluto puede fundamentar, y menos sin autorización judicial, la suspensión del derecho de reunión.( 12) A todo lo demás, cabe añadir una cuestión, el estado de excepción, en el que pueden suspenderse derechos, entre ellos el de reunión, tiene una duración máxima, art. 116.3CE, de un mes prorrogable otro. El de alarma dura quince días, 116.2 CE, prorrogables, no se dice si una o más veces, si bien es discutible que haya sucesivas prórrogas, pues el art. 6 de la LO 4/1981 habla de la prórroga, en singular, y no dice que pueda haber varias. Pues bien, si damos por buena la discutible posibilidad de sucesivas prórrogas, y ya se ha anunciado un plan de prorrogarlo hasta el 21 de junio por lo menos, resultaría que podrían encadenarse sucesiva e indefinidamente las mismas y, so capa de una latencia más o menos fundada del virus, prolongar una efectiva suspensión de derechos fundamentales más allá de los sesenta días máximos que permitiría el estado de excepción.

 

2020-05-13T07:02:19+00:00 mayo 11th, 2020|Sentencias|0 Comments