A raíz de las modificaciones introducidas en la reforma del Código Penal que establece que las personas jurídicas (nuevo art. 31 bis) serán plenamente responsables de los delitos cometidos bien por representantes legales y administradores de hecho o de derecho cuando actúen en nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho, bien por empleados que trabajan bajo la dirección de los representantes legales y administradores, y que actúan en provecho de la empresa, cada vez con más frecuencia, la fiscalía y las acusaciones particulares solicitan la imputación de las empresas si el delito perseguido puede estar entre los tipificados en el 31 bis.

A su vez se abre la posibilidad de que las organizaciones defiendan sus intereses por la vía penal ante acciones delictivas cometidas por otras organizaciones.

Es necesario contar con abogados expertos en esta rama del derecho penal que, por su novedad y transcendencia, puedan defender a la persona jurídica y directivos con solvencia y capacidad.